Me pregunta un amigo por la «línea verde» telefónica creada por el Ministerio del Interior a fin de que los ciudadanos «verifiquen» la «verdad» de noticias que circulan en redes.

Primero: No es un sistema de delación «como los de antes», así que no habría ejemplos históricos con los que compararla. Es algo nuevo.

Segundo: En una sociedad verdaderamente LIBRE la decisión sobre lo que se cree que es veraz surge del debate entre diversas interpretaciones sobre lo que es o no «verdad», o sea del debate entre diferentes INTERPRETACIONES de los hechos.

Los sistemas como éste de la «línea verde», o esos que buscan imponer mediante programas de computación que identifiquen ante los ciudadanos la «realidad» o «veracidad» de los hechos, tienen -TODOS- la pretensión de dar una única y totalizadora respuesta a la pregunta de Poncio Pilatos: «Quid est veritas?» (Juan 18:38).

Y la respuesta liberal a esta pregunta es que no hay otra respuesta que la del debate libre y abierto.

Los sistemas u organismos que pretenden controlar la veracidad de la información llevan, por tanto, a la pregunta: ¿quién controla la veracidad de los que controlan la veracidad?

Porque todo sistema que pretende tener la respuesta a esta pregunta tiene, a su vez, una agenda política en el debate de ideas: los sistemas de computación que hoy se presentan como respuesta corresponden, por ejemplo, a desarrollos financiados por George Soros y el dueño de Ebay, Pierre Omidyar, de quienes se puede decir todo menos que carezcan de un interés en la forma en que se desarrolla el debate de ideas.

Y esto es peor aún en el caso de los GOBIERNOS, cuya naturaleza debería llevarlos a ser responsables ante la opinión pública y no a definir los términos en los que la información debe condicionar esa responsabilidad.

Cuando los gobiernos tienen en sus manos la llave de la interpretación de la realidad, el peligro es que se erijan en esos distópicos Ministerios de la Verdad de George Orwell, en los que el poder es la única verdad, y quienes tienen poder determinan los alcances de la verdad ante la opinión pública. Este riesgo ya basta para descalificar la idea, porque entraña un peligro INFINITAMENTE más grave que la propagación de noticias falsas que, en última instancia, el más libre de los debates siempre puede despejar.

Y, finalmente, los sistemas e instituciones que se presentan como árbitros neutrales en torno a lo que es verdadero o falso se fundan, en última instancia, en la pretensión anti-democrática de que el ciudadano no está por sí mismo en condiciones de abrir juicios basados en información A MENOS QUE una elite auto-designada ejerza sobre él una tutela informativa.

Álvaro Diez de Medina