Ante los hechos de pública notoriedad relativos a la presentación prevista de la muestra «Vidas Encajonadas», del escultor Claudio Rama en el Teatro Solís de Montevideo, la Agrupación Libertad del Partido Colorado expresa que:

1. Como proclamaran Rivera y Joaquín Suárez, el gobierno debe respetar y hacer respetar la independencia de las opiniones, y la libertad de comunicarlas; estos derechos, tan importantes como la libertad y seguridad de las personas, no serían efectivos si los ciudadanos conservan el temor de que la autoridad pueda reprimirlos.

2. Como argumentara Batlle y Ordóñez, es contrario a una visión liberal de la sociedad pretender que se impongan las propias creencias a quien profesa las contrarias, así como exigir a corrientes de pensamiento distintas de la que se profesa abatirse ante una fórmula parcial impuesta de antemano para poder hacer uso legítimo de lo público.

3. Como señalara Rodó, todas las intolerancias que empiezan por afirmar de modo puramente ideal y doctrinario que serían la verdad eterna, exclusiva e inmodificable, pasan luego, si tienen oportunidad, a usar la autoridad civil para imponerse; hasta que en un punto la seguridad y libertad de las personas dejan de estar a salvo.

4. Nuestra Constitución Nacional, en su artículo décimo, establece que ningún habitante de la República será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe.

5. De acuerdo con su Estatuto vigente, los funcionarios deben respetar y cumplir la Constitución, actuar imparcialmente en el desempeño de sus tareas; y responder por el ejercicio de la autoridad que les haya sido otorgada y la ejecución de las órdenes que impartan.

6. Requerir o compeler, sin norma que lo respalde, a un artista a la «actualización» de su obra para adecuarla a cierta doctrina, luego de confirmada acorde a Derecho su presentación en una dependencia del Estado, es un exceso en el ejercicio de las atribuciones; por el que sus autores deberían responder, por vía administrativa, y judicial si correspondiere.

7. Sin perjuicio de lo anterior, el uso del aparato estatal para la promoción o supresión, directa o indirecta, de alguna corriente de pensamiento es inherente a la unión total o parcial de Estado y Cultura.

8. Por tanto, nuestro país debería propender, como fuera hecho en materia de religión, a la separación de estos dos campos de la actividad humana, a fin de salvaguardar y promover la libertad civil y de conciencia de todos los habitantes de la República.

9. Esta separación se efectúa devolviendo a la sociedad, en la persona de individuos u organizaciones con interés material o moral en ello, la tarea de crear y difundir producciones artísticas, científicas, o literarias; y los enteros costes y frutos de la labor en cada caso, en el marco del Derecho Civil.

19 de Septiembre de 2023