Como nos gusta decir, la Libertad es una sola. No es política, social ni económica, es Libertad.
Sin perjuicio de los roles que en una República competen al Estado, queremos devolver a los ciudadanos su independencia económica; la cual configura la clave para la prosperidad tanto individual como, a través de esta, la del País en su conjunto.
Desde esa perspectiva, entendemos que –tanto desde el punto de vista moral como desde el netamente utilitario- conviene a los uruguayos emprender el viaje hacia la separación de Estado y Economía.
Elementos de esta travesía:
Integración comercial directa con países y bloques comerciales que tuvieren intención recíproca. Se impone prescindir lo más (y más rápido) posible, de instituciones político-corporativas anquilosadas como el Mercosur, ALADI, etc. Creemos del caso proponer se analice la posibilidad de apertura unilateral de la Economía como medida para bajar el costo de vida y facilitar el ahorro y capitalización de los menos favorecidos.
Mesura en el gasto público. retornando a la Sociedad civil las funciones que le corresponden, junto con la responsabilidad por su gestión y financiamiento. A un gasto público reducido le corresponde una presión fiscal reducida en fomento de la iniciativa privada.
Política monetaria conservadora. La inflación es un fenómeno monetario, que en los hechos funciona como un impuesto. Pretendemos evitar a toda costa el calentamiento artificial de la economía ocasionado por políticas ‘de estimulo’, dadas sus consecuencias destructivas en los sucesivos “cracks” (crisis).
Política de Endeudamiento conservadora. El país debe dejar de vivir de prestado, a cuanta del sacrificio de las próximas generaciones.
Política bancaria. Consideramos imperioso el debate acerca de los privilegios concedidos a las instituciones bancarias, y del control estatal del precio del dinero.
Defensa irrestricta de la soberanía personal sobre la propiedad y el derecho a contratar. Repudiamos cualquier obligación de contratar con instituciones de intermediación financiera o de otra índole, entendiendo que nadie mejor que uno mismo para decidir sobre el dinero propio.
No corresponde al Estado facilitar negocios a unos con el patrimonio de otros. A diferencia de las personas físicas, las empresas y las cooperativas no tienen necesidades básicas que atender. Entendemos, por tanto, que no existe argumento humanitario para la subvención de actividades económicas. Ello lleva a proponer la Abolición de subsidios y otros privilegios concedidos a actividades económicas. El gran capital debe estar sometido a los mismos mecanismos de competencia y contractualidad que el pequeño.
Revisión de los monopolios estatales o concedidos por el Estado, comenzando por la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland.
Desarrollo de un marco jurídico que permita y promueva la libre actividad empresarial, desde los grandes proyectos de infraestructura hasta los pequeños negocios unipersonales y familiares. En el Índice de facilidad para hacer negocios del Banco Mundial, Uruguay oscila alrededor del puesto 90 (entre 180 países). La actividad empresarial se ve entorpecida por directivas estatales que dificultan la creación de riqueza. Creemos que es posible apuntar a liderar la tabla, acercándonos a los países más libres como Nueva Zelanda, Reino Unido y los Países Nórdicos.
Combatir la falta de oportunidades legítimas de movilidad social ascendente, no la desigualdad.
En Asamblea de Afiliados
Agrupación Libertad